Guía completa sobre políticas chilenas de inclusión y equidad

1. Inclusión de personas con discapacidad

¿Qué derechos tienen las personas con discapacidad?

Los derechos de las personas con discapacidad son los mismos derechos que garantiza nuestra Constitución Política a todas las personas por el solo hecho de serlo. Pero además, en consideración de su condición, nuestra legislación adiciona un catálogo de derechos propios para las personas con discapacidad, entre los cuales se destacan los siguientes:

1. Derecho a ser reconocidos y al acceso a una evaluación médica.
2. Derecho a ser tratado y de tener las mismas oportunidades que toda persona.
3. Derecho a tener una calidad de vida digna.
4. Derecho a gozar de una autonomía plena o la mayor posible.
5. Derecho a acceder a beneficios y subsidios estatales.
6. Derecho a conformar una familia.
7. Derecho al fomento e inclusión en el deporte.
8. Derecho a un desplazamiento urbano.

Asimismo, las diferentes ramas del derecho contemplan tratamientos especiales para las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión en los derechos laborales, electorales, de salud, educación, y tributarias, entre otros.

1.2. ¿Qué medidas de inclusión específicas establece la ley?

La Ley N° 20.422, que regula la inclusión social de las personas con discapacidad, establece un conjunto de medidas específicas destinadas a promover la inclusión de las personas discapacitadas en la sociedad, las cuales son las siguientes:

1. Edificación: Todas las edificaciones del sector público o que presten servicios a la comunidad, deben contemplar accesos fáciles y transitables que no generen una dificultad a las personas con discapacidad, especialmente las personas que cuentan con movilidad reducida. De igual manera, las plazas, parques o áreas verdes públicas o privadas con acceso al público, deben considerar juegos infantiles que puedan ser utilizados de manera independiente por todos los niños, incluyendo aquellos que cuenten con alguna discapacidad. Además, los establecimientos públicos o privados que cuenten con una gran concurrencia de público, como centros comerciales, parques, centro de eventos, entre otros, deben contar con un número de estacionamientos de uso exclusivo para las personas con discapacidad, como también garantizar su fácil acceso y tránsito. Por otro lado, el Ministerio de Vivienda considerará programas de subsidios habitacionales especiales, destinados a viviendas que serán habitadas por personas con discapacidad.
2. Educación: Todos los establecimientos educacionales sean públicos o privados, independientemente del nivel de enseñanza que impartan, deberán adoptar medidas orientadas a fomentar el acceso de la educación de las personas con discapacidad. Debiendo adecuar sus planes de estudio con el fin de incluir a los estudiantes que cuenten con necesidades especiales y fomentar en ellos la participación de todo el equipo docente. Asimismo la infraestructura y materiales de estudio de los establecimientos educacionales, deben adecuarse de tal manera que garanticen el libre desplazamiento y el uso autónomo de sus dependencias de todos sus estudiantes, incluyendo aquellos que cuentan con algún tipo discapacidad.

Además, la ley también exige un desarrollo progresivo en la inclusión de planes de estudios, adecuación de infraestructura, como el fomento a la inclusión de estudiantes que cuenten con alguna discapacidad lingüística, tales como personas ciegas, mudas, sordas, o que requieran de otra necesidades especiales en el orden de la comunicación.

1. Inserción Laboral: La ley obliga al Estado a fomentar la inclusión, como la no discriminación laboral de las personas con discapacidad. Asimismo, deberá crear incentivos orientados a la contratación de personas con discapacidad en puestos de trabajos que generen estabilidad e independencia. En los procesos de selección de personal del sector público, que indica la ley, deben escoger a la persona con discapacidad si existe igual mérito entre los postulantes.
2. Canales de Televisión: Los canales que se transmitan por televisión abierta y aquellos que sean de transmisión pagada deberán incluir medidas que permitan que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a su programación. Así también, todas las campañas de servicio público que sean financiadas con fondos del Estado, deberán ser transportadas con subtítulos y con traductor de lenguaje de señas.
3. Bibliotecas de Acceso Público: Deberán contar con material, infraestructura y medios tecnológicos que sean accesibles para las personas con discapacidad.
4. Medios de Transporte Público: Todos los medios de transporte públicos destinados al transporte de pasajeros deberán contar con la debida señalización, asientos preferentes y de fácil acceso para las personas con discapacidad.
5. Rotulación de productos farmacéuticos, alimentos de uso médico y cosmético: Deberán considerar a las personas que cuenten con una discapacidad visual, utilizando escritura Braille para informar su nombre y fecha de vencimiento.

1.3. ¿Cómo obtener el certificado de discapacidad?

El certificado de discapacidad es un documento que reconoce la discapacidad de una persona y los derechos que la legislación le otorga. Este documento es emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), debiendo presentar una solicitud en la oficina que corresponda al domicilio del solicitante, de la cual se iniciará un proceso de calificación y que posteriormente debe inscribirse en el Registro Nacional de Discapacidad del Servicio de Registro Civil.

1.4. Ley de estacionamiento para discapacitados

La Ley N° 19.900, que modifica la ley de tránsito sobre estacionamiento para discapacitados, señala que en todas las vías públicas en que este permita estacionar, gratuitamente o no, las municipalidades deberán establecer dos estacionamientos por cada tres cuadras destinadas exclusivamente al uso de cualquier persona con discapacidad, los que deberán ser debidamente señalizado y demarcados.

Asimismo, la ley señala que estos estacionamientos podrán ser utilizados por cualquier vehículo que transporte personas con discapacidad, y durante el tiempo de permanencia en alguno de ellos debe exhibirse en el interior del vehículo, de manera visible, en el costado inferior izquierdo del parabrisas delantero, la credencial de inscripción del Registro Nacional de la Discapacidad. Ya sea a la entrada o salida del estacionamiento, la persona con discapacidad deberá encontrarse en el vehículo.

1.5. Uso de perros guías y perros de asistencia

Por su parte la Ley N° 20.025, que regula el uso de perros guías, de señal o de servicio por parte de personas con discapacidad, señala que toda persona con discapacidad tendrá derecho a ser acompañado por un perro de asistencia, a todo edificio, construcción, infraestructura o espacio de uso público, sea de propiedad privada o pública, destinado a un uso que implique la concurrencia de público.

Asimismo las personas con discapacidad, tendrán derecho a acceder y circular en cualquier medio de transporte terrestre o marítimo de pasajeros que preste servicios en el territorio nacional, sea gratuito o remunerado, público o privado, individual o colectivo.

Los perros de asistencia, deben estar debidamente identificados con distintivos que determine el propio reglamento, tales como el uso de arnés, petos o medallas que identifiquen el centro de entrenamiento. De igual manera, los perros de asistencia como también su usuario, deben estar debidamente inscritos en el registro correspondiente.

2. Ley de inclusión laboral

2.1. ¿En qué consiste la ley de inclusión laboral?

La Ley N° 21.015, es la encargada de regular la inclusión laboral en nuestro país, la cual tiene por objeto fomentar y promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, tanto en el sector público como privado. Entre su regulación se puede destacar lo siguiente:

1. Fija cuotas que aseguren un puesto de trabajo para personas con discapacidad para ciertas empresas.
2. Elimina la discriminación salarial de las personas con discapacidad mental.
3. Se prohibe todo tipo de discriminación contra personas con discapacidad.
4. Las personas con discapacidad contarán con preferencias en los procesos de selección de personal en el sector público.
5. Las personas con discapacidad hasta los 26 años podrán suscribir contratos de aprendizaje.

2.2. ¿A quién beneficia la ley de inclusión laboral?

Para ser beneficiario de esta la ley, la persona debe contar con una pensión de invalidez subsidiada por cualquier régimen de previsión de salud o bien tener cualquier tipo de discapacidad calificada y acreditada por el COMPIN, dependientes del Ministerio de Salud o cualquier entidad pública o privada reconocidas para estos efectos por el Ministerio de Salud.

2.3. Modificación de ley respecto al sueldo que reciben las personas con discapacidad mental

Se modifica el artículo 16 de la Ley N° 18.600 que establece normas sobre personas con discapacidad mental y en especefico genraba una discriminación salarial a las personas que tengan este tipo de discapacidad. Con la entrada en vigencia de la ley de inclusión laboral, se deroga este artículo, asegurando una remuneración no menor al sueldo mínimo legal vigente.

2.4. ¿Quién fiscaliza el cumplimiento de la ley de inclusión laboral?

Es la Dirección del Trabajo, quien tiene la obligación de fiscalizar y garantizar el cumplimiento de la ley de inclusión laboral en el sector privado. Para ello, deberá llevar un registro actualizado de contratos de trabajos, modificaciones y terminaciones celebradas entre las empresas y una persona con discapacidad. Asimismo, la Dirección del Trabajo podrá iniciar procesos de fiscalización y cursar multas a beneficio fiscal como sanción al incumplimiento de la ley de inclusión laboral.

2.5. ¿A qué tipo de empresas aplica la ley de inclusión laboral?

La Ley de Inclusión laboral, será aplicable a todas las empresas y organismos del sector público. Con respecto al sector privado, esta ley será obligatoria para todas aquellas empresas que cuenten con un número igual o superior a 100 trabajadores o funcionarios. Asegurando a las personas con discapacidad un cupo del 1% de la dotación laboral.

3. Género e inclusión social

3.1. Ministerio de la mujer y equidad de género

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, es un órgano de la administración del Estado, que apoya al Presidente de La República y al Gobierno de turno con el diseño, creación, coordinación y evaluación de las políticas públicas orientadas a promover la equidad de género, la igualdad de oportunidades y eliminar toda forma de discriminación en contra de la mujer.

3.2 Igualdad e inclusión de género

La igualdad e inclusión de género, es un derecho que tienen todas las mujeres para ser tratadas en igualdad de condiciones y oportunidades en la sociedad, pero sobre todo en las oportunidades laborales, equidad de remuneración y derecho a la no discriminación arbitraria en contra de la mujer.

3.3. Medidas contra la discriminación

Nuestra legislación laboral contempla un número de normas orientadas a promover la equidad de género en el trabajo, de la cuales se destacan las siguientes:

1. Ley 20.348, sobre el Derecho a la Igualdad de Remuneraciones: Esta ley prohíbe todo tipo de discrimación arbitraria con respecto a los salarios de las mujeres en una empresa. Si una mujer conoce o se da cuenta de que recibe una remuneración menor que un compañero de trabajo hombre, teniendo las mismas funciones y cargo, podrá elevar una denuncia directamente al empleador o a la Dirección del Trabajo, con la finalidad de que se equipare la igualdad salarial.
2. La Ley 21.155: Que establece normas sobre protección a la lactancia materna y su ejercicio.
3. Ley 21.129: Que modifica diversos cuerpos legales con finalidad de establecer el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, en las condiciones que se indican.
4. Ley 20.005: Ley que tipifica y sanciona el acoso sexual dentro de la esfera laboral.

3.4. Medidas de protección a la lactancia

En materia laboral, la trabajadora que es madre de una niña o niño menor de 2 años de edad tendrá derecho a interrumpir su jornada laboral para poder amamantar o alimentar a su bebé al menos por una hora exclusiva al día. Este tiempo de alimentación no debe considerar el traslado de la trabajadora para poder ejercer su derecho.

Asimismo la Ley N°21.155, establece medidas y protección a la lactancia materna y su ejercicio, destacando el derecho al amamantamiento libre que tiene toda madre de poder amamantar a sus hijos en cualquier lugar o recinto sea público o privado, sin que puedan imponer condiciones o restricciones de ocultamiento o prohibición. Generando sanciones para quienes vulneren este derecho.

3.6. Ley Gabriela

La ley Gabriela nace a partir del femicidio sufrido por la joven Gabriela Alcaíno por parte de su ex pareja, después de que ella decidiera poner término a la relación.

A diferencia de la anterior ley 20.066 que regula la violencia intrafamiliar, la ley Gabriela amplía el marco legal y condena todo delito cometido contra la mujer, sin importar la relación que mantengan los involucrados. En el pasado, un femicidio sólo era considerado como tal si este era cometido en relaciones formalizadas.

La ley Gabriela busca condenar cualquier tipo de menosprecio, violencia y abuso cometido contra la mujer por parte del género masculino; aún así no exista relación entre los involucrados.

4. Medidas contra la discriminación

4.1. ¿Qué es la ley de no discriminación?

La Ley N°20.609 o conocida como “Ley Zamudio”, es aquella que establece medidas en contra de la discriminación, definiendo que se entiende como discriminación arbitraria, creando procedimeintos judiciales que se activan ante la denuncia de actos discriminatorias que afecten a las personas. Y determinando sanciones ante estos actos u omisiones de carácter discriminatorios.

Se entiende como discriminación arbitraria, todo acto, omisión, distinción, restricción o exclusión, que no se base en una justificación razonable, realizada por organismos del Estado o por cualquier particular, que genere un menoscabo fundandose en motivos asociados a la raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinion publica, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socieoecnomica, creencias, orientación sexual, identidad de género, filiación, aparaiencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, de una persona o grupo de personas.

4.2. ¿Qué hacer en caso de discriminación?

Cualquier persona que se vea afectado en su derecho a no ser discriminado, podrá interponer una acción ante el juez de letras de su domicilio o bien del domicilio de la persona o entidad que perturbe su derecho, dentro del plazo de 90 días contados desde la ocurrencia de la acción u omisión discriminatoria o desde que se ha tomado conocimiento de ellos.

4.3. ¿Qué es el MOVILH?

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, es una agrupación chilena creada por activista procursores y defensores de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). Entre sus objetivos principales podemos destacar los siguientes:

1. Amonorar y erradicar la discriminación e injusticias en ra´zon de la orientación sexual o la identidad de género.
2. Visibilizar e instalar en el debate público y privado la realidad de las personas esbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).
3. Generar acciones y alianzas políticas, culturales, sociales, económicas y jurídicas tendientes a validar y respetar los derechos de la diversidad sexual.

4.4. Ley de inclusión escolar

La Ley N° 20.845 encargada de regular la inclusión escolar, tiene por finalidad poner fin al lucro en la educación, eliminando el copago y regular la admisión al sistema educativo en los establecimientos educacionales que reciben fondos del Estado.

Con respecto al sistema de admisión al sistema educativo, la ley señala que el sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religioso y social de las familias que han elegido un proyecto diverso y determinado, y que son atendidas por él, promoviendo la formación laica a fin de fomentar su participación en la sociedad.

Asimismo el sistema educativo se dedicará a elminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes.

4.6. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales

El Convenio N° 169 de la OIT es un convenio que se aplica a quienes descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales.

Esta acción deberá:

• Asegurar a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población.
• Promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.
• Ayudar a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes I 23 comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.