¿Qué es la ley de probidad y cuál es su función publica? En el siguiente artículo te explicaré en qué consiste la ley que pone a disposición de la ciudadanía información sobre quienes ocupan cargos públicos y qué debes hacer en caso de que alguien no cumpla con lo establecido en esta ley.
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Es la ley encargada de poner a disposición de la ciudadanía los bienes e intereses de quienes ocupan altos cargos en la función pública. Esta normativa es una más de las medidas que está implementando el gobierno con el objetivo de elevar los estándares de transparencia y probidad en la gestión del Estado.
La implementación de la ley de probidad de los funcionarios públicos esta basada en el principio de probidad. Esto último, obliga a los funcionarios públicos tener un desempeño honesto y leal en sus respectivos cargos, fomentando que el interés general esté sobre el interés particular. Lo anterior, sin importar cuál sea su condición contractual.
Se entiende que existe un conflicto de intereses cuando, en el ejercicio de un cargo, el interés general coincide con algún interés particular de quien ejerce la función y/o cuando hay determinadas circunstancias que restan imparcialidad al desempeño del cargo.
Según la ley de probidad de los funcionarios públicos, debe declarar el presidente, los ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, seremis, embajadores, cónsules, senadores, diputados y otros altos cargos del Congreso; autoridades y directivos del Poder Judicial, fiscales y defensores penales; consejeros de organismos públicos autónomos, autoridades regionales y municipales, oficiales generales y superiores de las Fuerzas Armadas y de Orden, directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado y fiscalizadores, entre varias otras autoridades y funcionarios de la Administración del Estado. A estos se suman los directores de fundaciones, corporaciones y dirigentes nacionales de partidos políticos.
De acuerdo a lo anterior, todos los funcionarios mencionados deben declarar dentro de los 30 días desde que asumen el cargo, actualizándose en marzo de cada año. A la vez, todo funcionario público deberá realizar una declaración al dejar sus funciones.
La Contraloría fiscaliza que las declaraciones de los funcionarios de la Administración Central del Estado se hagan de manera oportuna, íntegra y veraz. Si existieran falta a esta normativa, la Contraloría podrá multar por hasta 50 UTM y si el incumplimiento permanece será considerado falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución del cargo.
Respecto al Poder Judicial y Legislativo, estos serán fiscalizados por sus propias entidades.
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